domingo, 28 de abril de 2013

El juicio político y el petate del muerto.

Joel Saucedo

            En julio de 1983, al senador del PRI, Jorge Díaz Serrano se le retiró el fuero constitucional que le daba el Senador de la República, con el fin de que hiciera frente a las acusaciones de corrupción por la compra de buques de Pemex durante el régimen de José López Portillo.

            Sin duda, el sometimiento a juicio político del ex director de Petróleos Mexicanos, no podía entenderse sin el aval del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, pues el tricolor todavía vivía el esplendor de ser el partido hegemónico.

            En el 2000, el gobierno del Distrito Federal solicitó a la Cámara de Diputados el Juicio de Procedencia en contra del entonces secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal.

            Sin embargo, el ex regente capitalino renunció al cargo y abandonó el país refugiándose en Centroamérica, desde donde enfrentó y ganó el proceso que se había ejercido en su contra. El juicio no procedió en el recinto de San Lázaro.

            Quienes también libraron el juicio político fueron los dirigentes petroleros, Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y Jesús Olvera, acusados del desvío de 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. El juicio tampoco procedió.

            Dos años más tarde, en el 2002 el todavía líder del sindicato de trabajadores del Metro y diputado del PRI, Fernando Espino fue acusado de obstaculizar el servicio en el transporte colectivo más importante de la ciudad. Pero el desafuero nunca procedió.

            Caso contrario sucedió con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), René Bejarano Martínez, quien fue objeto de juicio de procedencia el 4 de noviembre de 2004, acusado de lavado de dinero exhibido por el payaso Víctor Trujillo en su programa El Mañanero. Bejarano terminó en prisión y al final fue absuelto.

            El caso más sonado fue el juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador aprobado el 7 de abril de 2005 por desacatar una sentencia judicial respecto al predio El Encino. Al final el gobierno de Fox desistió de proceder penalmente y se le restauró en el cargo.

            Otro caso que pegó al PRD en la pasada legislatura, fue juicio al que fue sometido el diputado Julio César Godoy Toscano –primo del ahora ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy-, acusado de vínculos con el narcotráfico.

            Los casos que de manera especial no han prosperado, han sido las demandas de juicio político en contra de los ex presidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y últimamente Felipe Calderón.

            De hecho, lo anterior solo podría ocurrir hasta que haya una reforma al Artículo 110 de la Constitución, pues en dicho precepto el titular del Poder Ejecutivo, es el único servidor público que no puede ser sometido a juicio político por delito alguno cometido durante su gestión.

            El tema del juicio político viene a cuento porque en días pasados legisladores del PAN y PRD, anunciaron el inicio de ese procedimiento en contra de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quienes acusan del uso de recursos federales con motivos electorales.

            Harto difícil se ve que tal petición avance en la Cámara Baja, donde tiene mayoría simple el PRI y PVEM. En consecuencia, la exigencia de la oposición solo es el pretexto de los dirigentes panista, Gustavo Madero y perredista Jesús Zambrano.

            Ambos dirigentes ven en esa estrategia la salida a las presiones de que han sido objeto en sus filas por apoyar incondicionalmente el Pacto por México y en consecuencia a Enrique Peñas Nieto, único beneficiario políticamente del acuerdo.

            Sin embargo, la petición de juicio contra Robles y Duarte, es solo espantar con el petate del muero. Más rápido que tarde lo veremos.

PUNTO Y SEGUIDO… Vecinos y jóvenes del municipio de San Vicente Chicoloapan, expresaron su agradecimiento a la senadora del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien respaldó el evento denominado “Bandas Unidas en Cristo”. El evento tuvo como fin concientizar a los jóvenes del daño que causan las drogas, así como alentar la convivencia y alejarlos de las rivalidades que suelen causar enfrentamientos con repercusiones no poco gratas. En el evento hubo actividades culturales, deportivas, rifas y una tocada de rock con los grupos “Resurrección”, “Grupo de la Calle”, “Sin Contrato” y “El Sonido Fantasía Latina”. El presidente municipal de San Vicente Chicoloapan, Andrés Aguirre Rivero, prestó importante apoyo al coordinador del evento José Antonio Fernández, mejor conocido como “El Tierno”… EL SENADOR DEL PRI, Teófilo Torres Corzo presentó una ambiciosa propuesta de reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (Condusef). El documento reduce a la mitad el tiempo de respuesta al procedimiento de conciliación y demás solicitudes ciudadanas. También se propone sancionar de manera más enérgica a las instituciones financieras que incumplan una resolución o petición que les realice. Durante casi 15 años, la Condusef ha realizado más de 7.5 millones de acciones para lograr la protección y defensa de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. Tal volumen de acciones, obliga a revisar los tiempos de atención y respuesta de las instituciones financieras y de las autoridades responsables de este tema. Torres Corzo dijo que por primera vez se regula en esta ley federal a las “ventas atadas”, es decir, aquellas prácticas que algunas instituciones financieras realizan con el fin de condicionar el otorgamiento de créditos a la compra o adquisición de otro producto o servicio que el cliente no ha solicitado…. EN LA VÍSPERA DE QUE EL SENADO INICIE la discusión y en su caso aprobación de la minuta en materia de telecomunicaciones devuelta por la Cámara de Diputados, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna Luna recordó que entre sus bondades destaca el derecho de las audiencias. “Este punto venía en la iniciativa del Ejecutivo federal y fue borrado por la Cámara de Diputados. Cabe aclarar que junto al derecho de las audiencias dimos la lucha para que quedara también el derecho de las y los comunicadores y esto segundo no quedo. En la negociación sólo pudimos incluir el derecho de las audiencias que no es asunto menor”, apuntó la perredista.

Twitter: @JoelSaucedo


saucedosj@yahoo.com.mx

 

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