Tuvieron que pasar 13 meses para que el gobierno de Enrique Peña Nieto se decidiera a tomar el control de la seguridad en Tierra Caliente, Michoacán, donde los llamados grupos de autodefensa se expandieron ante la indiferencia de las autoridades locales.
El gabinete en pleno de seguridad nacional se trasladó a la zona, y anunció que asumía el control para restablecer el orden y el desarrollo en las comunidades afectadas por la violencia y el predominio del crimen organizado.
Además, el anuncio de que el Ejército y la Policía Federal desarmaría a los grupos de autodefensa, provocó un enfrentamiento inicial de los primeros con los segundos cuyo saldo extraoficial fue de cuatro muertos.
En declaraciones realizadas durante una gira al estado de Veracruz, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong aseguró que se trataba de solo dos decesos, uno de ellos a causa del disparo de un soldado.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió un comunicado en donde informó del inicio de una investigación sobre la muerte de cuatro personas, entre ellos un niño de 11 años en la comunidad de Antúnez, municipio de Parácuaro.
La tarde-noche de este martes 14 de enero, el gobernador de la entidad, Fausto Vallejo se trasladó a Apatzingán –centro de operaciones de Los Caballeros Templarios-, donde se reunió con líderes de las autodefensas.
Del encuentro, se informó que los elementos pertenecientes a las autodefensas, estarían inicialmente de acuerdo en pasar a formar parte de las filas de las policías locales.
Sin embargo, el principal dirigente José Manuel Mireles, causó confusión entre la población, pues durante la noche del lunes 13 de enero anunció a través de las pantallas de Televisa que entregarían las armas, como acordaron con el secretario de Gobernación.
Pero más tarde cambió la versión aparentemente ante un grupo de reporteros, en donde se auto desmintió, pues rechazó que en estos momentos las autodefensas se fueran a disolver, toda vez que estarían a merced del grupo criminal que domina la zona.
A raíz del accidente de Mireles en la avioneta que lo trasladó de Guadalajara a Michoacán, empezaron a correr diversas versiones en torno a la procedencia del financiamiento de los citados grupos que combaten a la delincuencia organizada.
Una de las versiones, apuntaban a que estaban recibiendo recursos del gobierno federal para adquirir armas, vehículos y demás implementos que les permitieran operar dicha estrategia.
Resulta que se trata de hombres perfectamente bien armados, con chalecos antibalas y municiones que no se puede adquirir si no es con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas son algunas de las interrogantes que se hace el ciudadano común y corriente.
¿De dónde obtienen los recursos para financiar una campaña que requiere de cuantiosas cantidades? ¿Quién les vende o hace llegar las armas de grueso calibre, que solo se le habían visto a los narcotraficante?
¿De dónde sacan los recursos para adquirir camionetas último modelo y de doble cabina, típicas de quienes se dedican al tráfico de drogas, no solo en esa entidad, sino en muchas otras más del país?
¿Quién o quiénes financian a estos grupos que han dejado sus empleos para dedicarse a la vigilancia de sus comunidades, y lo que es más riesgoso, a la caza y captura de los integrantes del crimen organizado?
¿Qué pasó con sus empleos o sus tierras para cosechar y que dicen defender? ¿Quién les da dinero para el sustento de su alimentación, el pago de la luz, el teléfono o la educación de sus hijos?
En las imágenes de televisión, los grupos de autodefensa se muestran muy familiarizados con el uso de ese tipo de armas y la estrategia de transitar en convoy como si se tratara de vehículos del Ejército o de la Policía Federal.
Como se observa, son muchas las interrogantes que se deben despejar, sobre todo en un momento en que la situación ha llegado al grado en que los poderes estatales constitucionalmente establecidos parecen no existir.
Es mucho trabajo el que tienen que hacer los hombres fuertes de Peña Nieto, especialmente el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Y es que no es para menos, después del grupo del Estado de México, el de Hidalgo, ha cobrado notoriedad con estos dos personajes pero que en Michoacán se están jugando el todo por el todo rumbo al 2018.
Twitter: @JoelSaucedo
saucedosj@yahoo.com.mx
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