Joel Saucedo
Los sucesos de violencia, narcotráfico, crimen organizado, desapariciones, torturas, secuestros, asaltos, contrabando, trata de personas, corrupción y cobro de derecho de piso, son hechos que de manera cotidiana se han convertido en el paisaje mediático de México.
Conforme ocurre un suceso como los mencionados, al día siguiente es superado por otro de dantescas proporciones, sin que ello sorprenda mucho más que el anterior y así de manera sucesiva. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Se ha perdido la capacidad de asombro.
El artículo 21 de la Constitución Política señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de éste en el ejercicio de su función.
La coordinación de los tres órdenes de gobierno, también es un mandato previsto en el octavo párrafo de dicho precepto: “El Ministerio Público y las instituciones policiacas de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Por su parte, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que “el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”.
Sin embargo, ¿eso se cumple? ¿Hay coordinación entre los tres niveles de gobierno? ¿El Estado es tal y responde a las obligaciones que le impone la Constitución? ¿La federación, los estados y los municipios, siguen al pie de la letra la ley para prevenir y combatir la inseguridad? Ahí está el resultado en todo el país convertido en cementerio.
¿Quién financia a los grupos del crimen organizado capaces de enfrentarse por horas y sin temor a las fuerzas armadas? ¿Quién protege, solapa, tolera y permite esa rampante impunidad? ¿Por qué se permite esa simbiosis entre policías y mafiosos? ¿Acaso el Estado se ha extraviado?
El caso Iguala y los 43 estudiantes desaparecidos ilustran claramente esa asociación delictuosa, ante la mirada indiferente y tolerante de los tres niveles de gobierno. Se trata pues de una ineficaz conducción y errada política en materia de seguridad pública a la luz de una mediana y pulcra interpretación del artículo 21 constitucional y su citada ley reglamentaria.
Así, el gobierno se ha mostrado incapaz de coordinar la estrategia en contra de la inseguridad, lo cual no es discrecional sino un imperativo; el Estado debe actuar en favor del ciudadano que no solo requiere sino exige una sana convivencia y un buen orden público, pues de lo contrario estaremos ante un Estado fallido.
Twitter: @JoelSaucedo
saucedosj@yahoo.com.mx
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