Joel Saucedo
El recién nombrado gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez tiene
un reto colosal para entregarle buenas cuentas a la ciudadanía en su corto
periodo de gobierno.
El ahora ex rector de la máxima casa de estudios de la entidad, enfrenta
la responsabilidad de encontrar con vida a los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapan.
Sin embargo, también está en la obligación de responder a la sociedad en
general, sobre las acusaciones que el 18 de marzo de 2009 realizó
en su contra el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez.
En esa fecha, el activista dijo que Ortega Martínez fungió como enlace
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde el 2012.
Aseguró que contaba con las pruebas documentales para comprobar dicha
colaboración con el grupo armado.
Según la información divulgada por el diario El Universal, Ortega
Martínez –alto funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero-, pidió a los
representantes de las FARC en México un préstamo de 40 mil dólares en 2002,
comprometiéndose a devolver 100 mil “con la garantía de que un grupo armado,
del cual formaba parte el perredista, estaba por recibir el pago del rescate de
una persona secuestrada”.
Adicionalmente, Ortega Martínez ofreció a la guerrilla colombiana el
acceso a las arcas universitarias en caso de convertirse en rector de la UAG,
puesto que en ese año participó en las elecciones, pero las perdió por escaso
margen de votos.
De acuerdo al mismo diario, los señalamientos hacia el político
guerrerense se formularon durante la ampliación de la denuncia que presentó el
consejo en contra de Lucía Morett, la estudiante mexicana que sobrevivió a un
ataque del ejército colombiano contra un campamento de las FARC en Ecuador.
Además, el presidente del citado organismo dijo que a principios de los
80, Rogelio Ortega formó parte de la dirigencia de la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria, movimiento armado fundado por Genaro Vázquez Rojas en
1972.
Este lunes, el nuevo mandatario se reunió en Los Pinos con el Presidente
Enrique Peña Nieto, donde trazaron la ruta a seguir para devolver la
estabilidad a la entidad, puesto que no se puede hacer justicia a partir de la
ilegalidad.
Durante la reunión del martes del gabinete de seguridad en Guerrero con
Rogelio Ortega Martínez, quedó en claro que la autoridad federal solo esperaba
la salida de Ángel Heladio Aguirre Rivero para desplegar a las fuerzas armadas
como sucedió en Michoacán y Tamaulipas.
Pero no estaría mal conocer una explicación del gobernador en torno a su
pasado guerrillero. ¿Y cuál será el papel que jugará en contra de los grupos
armados que operan en la entidad al margen de la ley?
Ello, independientemente de la obligación y la promesa empeñada de
encontrar a los 43 normalistas desaparecidos; recomponer el tejido social,
combatir la impunidad y despojar a su corto gobierno de cualquier tufo
partidista, pues de lo contrario sólo tendrá asegurado su propio naufragio.
Twitter: @JoelSaucedo
saucedosj@yahoo.com.mx
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