Acontecimientos de vital importancia para la vida política del país marcan los primeros cien días del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cuáles de alguna forma han provocado reacciones encontradas.
Sin duda, el hecho de mayor trascendencia fue la detención y encarcelamiento de la poderosa dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.
Dicha acción dio pauta a un debate en cuanto a que con ese tipo de acciones se regresaba al pasado autoritario priista. Sin embargo, también hubo sectores que aplaudieron hasta el cansancio la decisión presidencial de acabar con ese poder fáctico que dominó a los gobiernos panistas.
La consecuencia de la detención de Gordillo Morales, fue la aprobación de la reforma educativa, con la cual nunca estuvo de acuerdo. Peor aún, se le marginó de cualquier toma de decisión, tan es así que el titular de la SEP, Emilio Chuayffet nunca se reunió con ella.
Antes, la administración de Peña Nieto inició con el pie derecho al lograr que los dirigentes del PAN, Gustavo Madero y del PRD, Jesús Zambrano, firmaran el denominado Pacto por México que incluye 95 acuerdos.
El actuar de ambos dirigentes, les acarreó críticas de los sectores duros de sus respectivos partidos, al grado de advertir un desdibujamiento de la oposición que por antonomasia debería ser crítica del gobierno.
Otro hecho que no puede desligarse del sello presidencial, fue la liberación de la francesa Florence Cassez, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores y cuyo encarcelamiento metió en crisis las relaciones diplomáticas entre México y Francia.
En el caso de la llamada “Cruzada Nacional contra el Hambre y la Pobreza” anunciada con bombo y platillo el primero de diciembre, mantiene como base los anteriores programas que durante los doce años de gobiernos panistas no paliaron el hambre en el país.
De hecho, las elevadas expectativas que causó el nombramiento de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, se desinflaron. El arrojo que poseía la ex jefa de gobierno del Distrito Federal lo pulverizó su incorporación al priismo.
El aparente cambio en la estrategia contra el crimen organizado, no ha arrojado los resultados que las autoridades federales esperaban. El retiro silencioso de las fuerzas armadas a sus cuarteles para evitar el enfrentamiento con las bandas delincuenciales, solo ahondó la inseguridad. No ha permeado una mejoría en la materia.
Un claro ejemplo de que las cosas no llevan buen rumbo fue el asesinato este sábado del secretario de Turismo de Jalisco, J. Jesús Gallegos Álvarez, nombrado hace unos días por el naciente gobierno priista de Aristóteles Sandoval.
Sin embargo, el optimismo parece ser el denominador común en la presente gestión. Un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, PGR y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, presumió que en febrero solo se cometieron 914 homicidios dolosos relacionados con delitos federales, la cifra más baja de los últimos 40 meses.
El último acto de estos cien días de gobierno, fue la visita del presidente Peña Nieto a los funerales de Hugo Chávez Frías a Venezuela, misma que llevó el propósito de buscar componer las relaciones diplomáticas que en su momento echaron a perder Vicente Fox y Felipe Calderón, pues siempre estuvieron sometidos a los designios de Estados Unidos.
Esto es parte de lo más destacado en los primeros cien días del este gobierno. Nada mal para el regreso del partido todo poderoso, pero insuficiente frente a los retos mayúsculos y las necesidades de un país que tiene casi la mitad de su población en la pobreza.
Este domingo Peña Nieto presenta el diagnóstico de este pequeño tramo de su administración.
PUNTO Y SEGUIDO… Un total de 46 aspirantes a ocupar la vacante que dejó Sergio García Ramírez, en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), se inscribieron durante los dos días que se establecieron para recibir documentos en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. García Ramírez se desempeñó como consejero del IFE entre diciembre de 2011 y el 8 de Febrero de 2013. Quien lo sustituya permanecerá en el Instituto hasta el 30 de octubre de 2019. Entre los destacados, se encuentra José Alberto Aguilar Iñárritu, quién presentó la ponencia “El IFE y el Fortalecimiento de la Educación Cívica para el Desarrollo Político Nacional: Base de la Consolidación Institucional de la Democracia en México”. Aguilar Iñárritu es licenciado en Economía por la UNAM con especialidad en Historia Económica y Planeación. Cuenta con estudios de derecho y ciencia política impartidos por la misma Universidad, donde también ha sido profesor. Cursó estudios el Instituto Nacional de Administración Pública y se desempeñó en trabajos de investigación en El Colegio de México en materia de Planeación Urbana y Regional… TAL PARECE QUE el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera ha tomado distancia de su mentor Marcelo Ebrard, prematuro aspirante presidencial para el 2018 y quien anunció que buscará dirigir al PRD. Sin embargo, las cosas están tomando otro cauce. Ebrard pretende ubicarse en una posición mucho más crítica que la de la actual dirigencia, acorde al papel que juega René Bejarano y contrario a la postura negociadora y de diálogo que ha caracterizado a Los Chuchos, quienes ahora están más cerca del jefe de gobierno. La semana que concluye, Mancera hizo un deslinde de su antecesor y dejó en claro quién es el jefe de gobierno… LOS DIPUTADOS FEDERALES dieron un paso trascendental consistente en eliminar el fuero constitucional para legisladores y servidores públicos como secretarios de Estado, procuradores, ministros de la Suprema Corte de Justicia, gobernadores y alcaldes. Sin embargo, no tocaron la posibilidad de desaforar al presidente de la República. De esa manera, los servidores públicos podrán ser sujetos a proceso penal en caso que un juez lo requiera y no como sucede actualmente, donde la única forma que la Ley prevé para llevarlos a juicio es con una Declaración de Procedencia emitida por la Cámara de Diputados, mediante el denominado proceso de desafuero. Se trata de un proceso similar al que vivió Andrés Manuel López Obrador en abril de 2005.
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