¿Gobernador, ex guerrillero?

Joel Saucedo 

El recién nombrado gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez tiene un reto colosal para entregarle buenas cuentas a la ciudadanía en su corto periodo de gobierno.

El ahora ex rector de la máxima casa de estudios de la entidad, enfrenta la responsabilidad de encontrar con vida a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapan.

Sin embargo, también está en la obligación de responder a la sociedad en general,  sobre las acusaciones que el 18 de marzo de 2009 realizó  en su contra el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez.

En esa fecha, el activista dijo que Ortega Martínez fungió como enlace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde el 2012. Aseguró que contaba con las pruebas documentales para comprobar dicha colaboración con el grupo armado.

Según la información divulgada por el diario El Universal, Ortega Martínez –alto funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero-, pidió a los representantes de las FARC en México un préstamo de 40 mil dólares en 2002, comprometiéndose a devolver 100 mil “con la garantía de que un grupo armado, del cual formaba parte el perredista, estaba por recibir el pago del rescate de una persona secuestrada”.

Adicionalmente, Ortega Martínez ofreció a la guerrilla colombiana el acceso a las arcas universitarias en caso de convertirse en rector de la UAG, puesto que en ese año participó en las elecciones, pero las perdió por escaso margen de votos.

De acuerdo al mismo diario, los señalamientos hacia el político guerrerense se formularon durante la ampliación de la denuncia que presentó el consejo en contra de Lucía Morett, la estudiante mexicana que sobrevivió a un ataque del ejército colombiano contra un campamento de las FARC en Ecuador.

Además, el presidente del citado organismo dijo que a principios de los 80, Rogelio Ortega formó parte de la dirigencia de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, movimiento armado fundado por Genaro Vázquez Rojas en 1972.

Este lunes, el nuevo mandatario se reunió en Los Pinos con el Presidente Enrique Peña Nieto, donde trazaron la ruta a seguir para devolver la estabilidad a la entidad, puesto que no se puede hacer justicia a partir de la ilegalidad.

Durante la reunión del martes del gabinete de seguridad en Guerrero con Rogelio Ortega Martínez, quedó en claro que la autoridad federal solo esperaba la salida de Ángel Heladio Aguirre Rivero para desplegar a las fuerzas armadas como sucedió en Michoacán y Tamaulipas.

Pero no estaría mal conocer una explicación del gobernador en torno a su pasado guerrillero. ¿Y cuál será el papel que jugará en contra de los grupos armados que operan en la entidad al margen de la ley?

Ello, independientemente de la obligación y la promesa empeñada de encontrar a los 43 normalistas desaparecidos; recomponer el tejido social, combatir la impunidad y despojar a su corto gobierno de cualquier tufo partidista, pues de lo contrario sólo tendrá asegurado su propio naufragio.

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Los damnificados políticos de Guerrero

Joel Saucedo

A pesar de su resistencia de dejar el cargo, el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero es un cadáver político para el Partido de la Revolución Democrática; ya no es funcional y difícilmente le ayudará a ganar las elecciones del próximo mes de junio.

De entrada, a Aguirre poco le importaron las recomendaciones de vigilar al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora prófugo de la justicia por la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

Aguirre estaba enterado de los malos pasos de Abarca y lo dejó escapar. Además tardó tres semanas en reaccionar para cesar al secretario de Salud, Lázaro Mazón, quien le recomendó a Abarca como un empresario exitoso, pero le ocultó sus vínculos con el crimen organizado.

El pasado 8 de junio, en Acapulco, López Obrador destapó a Mazón como candidato al gobierno de la entidad por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a pesar de que éste no contaba aún con registro formal.

La revista Proceso de esta semana cuestionó en un reportaje el “explicable silencio” del tabasqueño, quien más rápido que tarde arremetió en contra del semanario calificando la información como de “mala leche”. Pero ni una palabra emitió en contra de la mafia perredista de Iguala que sumió en su peor crisis al estado.

Hasta aquí van tres los damnificados políticos por el caso Iguala: Aguirre, Abarca y Mazón. Pero hay que sumar las frustradas aspiraciones de la ex directora del DIF municipal, María de la Luz Ángeles Pineda, pues pretendía suceder en el cargo a su esposo José Luis Abarca.

Al actual senador del partido del sol azteca, Armando Ríos Piter, se la está complicando obtener la candidatura de su partido al gobierno de Guerrero, pero en caso de conseguirla, difícilmente llevaría al triunfo al perredismo, pues la oposición explotaría al máximo las fotografías en donde aparece con Abarca en un mitin político.

Otro de los que tiene en sus aspiraciones a la alcaldía de Acapulco, es el hijo del gobernador perredista, conocido como “Angelito” Aguirre. Sin embargo, todo apunta a que dejará el camino libre a otro junior, hijo del ex gobernador Rubén Figueroa, enemigo político de Aguirre y quien busca ser candidato del PRI.

Como se observan las cosas, la izquierda tendrá una elección muy complicada para el próximo año. Solo un milagro los salvará de perder el gobierno del estado y las presidencias municipales donde solaparon la filtración de la delincuencia, sobre todo en los cuerpos policiacos.

La permanencia de Aguirre en el cargo sólo servirá para administrar la crisis de la izquierda. ¿O acaso, estará pensando en regresar a las filas del tricolor?, porque su posición no es otra que la de permitirle al PRI recobrar el control de la entidad sin mayor problema en 2015.

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Inminente la salida de Aguirre

Joel Saucedo

La salida de Ángel Heladio Aguirre Rivero de la gubernatura de Guerrero, no solo es necesaria sino urgente, pues la ingobernabilidad en la entidad se agravó este lunes con la quema de las oficinas de Palacio de Gobierno en la capital Chilpancingo.

Las protestas de los normalistas de Ayotzinapan, apoyados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero constató la falta de control de Aguirre sobre las debilitadas instituciones estatales.

Sin embargo, durante la reunión de más de seis horas de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, donde se analizó la situación del estado, no se tomó la decisión de solicitarle al mandatario renunciar al cargo.

Esto habla de la necedad de la izquierda de mantener a toda costa como gobernador a quien no le ha dado gobernabilidad a la convulsionada entidad, azotada por los excesos del crimen organizado coludido con el servicio público y que derivaron en la desaparición de 43 normalistas.

¿Por qué debe irse el gobernador? Son muchas las respuestas. En primer lugar para distender el ambiente de crispación, enojo, inconformidad, impotencia y desesperación de los familiares de los estudiantes muertos y desaparecidos, así como de la sociedad en general.

Tal vez, la renuncia de Aguirre no resuelva de facto la actual situación, pero al menos enviará un mensaje de que la izquierda está en la mejor disposición de contribuir a encontrarle solución a tan difícil problema.

La dirigencia nacional que encabeza Carlos Navarrete debe dar el primer paso y valorar en qué momento Ángel Heladio tiene que solicitar licencia al Congreso, tal y como Jesús Zambrano se lo pidió al desaparecido alcalde con licencia José Luis Abarca.

En tanto, la dirigencia del Partido Acción Nacional, también debe discutir la pertinencia de solicitar a sus senadores que pidan la desaparición de poderes en la entidad que está en total descontrol.

Hay que recordar que en la recta final de la campaña por la gubernatura en 2011, el candidato de Acción Nacional, Marcos Parra declinó en favor de Aguirre Rivero, quien fue postulado por la izquierda encabezada por el PRD, después de que el PRI no lo escogió como su candidato.

Es por ello que en un acto de congruencia, tanto Acción Nacional como el partido del sol azteca, están obligados a plantearle al mandatario la urgencia de que contribuya a devolverle la estabilidad al estado.

¿Acaso la izquierda desea dejar en el imaginario colectivo que para acceder al poder requiere de la colusión con el crimen organizado? Solo se deslindaron del alcalde con licencia pidiendo su desafuero. ¿Pero acaso no hay versiones de que Abarca financió la campaña de Aguirre para la gubernatura?

Al defender la permanencia del mandatario en el cargo, la izquierda solo está mandando el mensaje de que no sólo reprime a los estudiantes, sino que los desaparece y los asesina, cuando sus principios siempre han sido de defensa hacia ese sector.

La situación está escalando a niveles nunca imaginados, pues la barbarie cometida por los policías en contra de los estudiantes, es una herida que difícilmente cicatrizará. El electorado (y se espera que la justicia) les cobrará la factura más pronto que tarde.

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Crispado proceso electoral 2015

Joel Saucedo

Este martes 7 de octubre arranca formalmente le proceso electoral 2014-2015, en medio de un ambiente de crispación y una movilización estudiantil politécnica, hasta el momento sofocada por una hábil maniobra del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

Durante esta etapa habrá elecciones en 16 entidades del país y en el Distrito Federal. Se renovarán 9 gubernaturas, 16 congresos locales, 887 alcaldías, la Asamblea Legislativa y 16 delegaciones. Adicionalmente, habrá comicios locales por usos y costumbre en Oaxaca.

A nivel federal, se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, de los cuales 300 son por mayoría simple y 200 por el principio de representación proporcional.

Las votaciones para el próximo año se adelantarán un mes, es decir, en lugar de celebrarse el primer domingo de julio, serán el 7 de junio, así lo establecen las nuevas disposiciones legales.

A partir de esta fecha se incrementarán los anuncios y renuncias de quienes aspiren a un cargo de elección popular, tanto en el ámbito legislativo como el gubernamental. Esto necesariamente, llevará a reacomodos en los gabinetes de los  diferentes niveles de gobierno.

Sin embargo, no se descartan ataques, contra ataques, acusaciones, denuncias, exhibición de videos, filtración de llamadas telefónicas o conversaciones, con el fin de debilitar el contrincante, cuando éste supere a su oponente por tal o cual cargo.

El proceso arranca en un ambiente de crispación en diferentes entidades de la República de manera particular en Guerrero, donde el pasado 26 de septiembre policías municipales coludidos con el crimen organizado asesinaron a 3 estudiantes y secuestraron a 43 normalistas de Ayotzinapan. Las autoridades aún no confirman que los 28 cuerpos calcinados encontrados en seis tumbas clandestinas, sean los de los estudiantes.

Dos días después, fue asesinado de tres disparos en la espalda el secretario general del PAN en Guerrero, Braulio Zaragoza. La muerte del panista causó indignación, sobre todo en las filas de Acción Nacional, lo cual obligó a la bancada de ese partido en el Senado a trasladarse a Acapulco a mostrar su inconformidad.

Un escándalo internacional causó la muerte de 22 personas a manos de las fuerzas castrenses en la comunidad de Tlatlaya. La Procuraduría General de la República anunció que investigará los hechos. Los sucesos ocurrieron el pasado primero de julio, fecha en que se dijo que se trataba de secuestradores.

El pasado 23 de septiembre, fue secuestrado y posteriormente quemado el diputado federal priista de Jalisco, Gabriel Gómez Michel y su asistente Heriberto Núñez. A Todas luces quedó el descubierto de que se trató de un crimen de la delincuencia organizada.

Y recientemente, el primero de octubre, durante la detención de “El H”, Héctor Beltrán Leyva, también fue capturado su operador financiero Germán Goyeneche Ortega, militante del Partido Verde Ecologista de México.

Es en este ambiente en el que inicia el proceso electoral 2015, el cual cambiará el panorama político del país y configurará un nuevo escenario para la elección presidencial del 2018. En pleno, la disputa por el poder.

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