Lucha descarnada en 2015

Joel Saucedo

Todos los partidos políticos están en completa ebullición, pues al empezar 2015 habrá desbandadas en cargos públicos y en los diferentes Congresos del país, con el fin de que los políticos busquen un cargo de elección popular.

En el proceso electoral que se vislumbra de pronóstico reservado, habrán de disputarse 2051 puestos, 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales y el resto en presidencias municipales, delegaciones y Congresos locales de 17 entidades, incluida la capital del país.

Al escenario político electoral se sumarán por primera ocasión tres fuerzas políticas: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y Partido Humanista (PH).

De manera particular, Morena se perfila para dar la batalla, sobre todo en el mercado de la izquierda, donde cohabitan el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Morena tiene como máximo líder al oriundo de Macuspana, quien en forma por demás inusual ordenó que se rifaran las candidaturas, sin importar si se cuenta o no con el perfil para desempeñar un cargo de tan elevada envergadura para el servicio público.

Se trata de un partido que dará la pelea, principalmente en el Distrito Federal. De entrada perfila a un político de talla profesional como Ricardo Monreal Ávila para gobernar la delegación Cuauhtémoc y de ahí a la candidatura de la jefatura de gobierno para el 2018.

Los otros dos partidos Encuentro Social y el Humanista, estarían en riesgo perder el registro, pues desde que se les autorizó funcionar como fuerza política, poco o nada han hecho. Su penetración entre la sociedad y los medios de comunicación ha sido casi nula.

Además, las tres organizaciones partidistas tienen la desventaja de que no podrán concretar alianzas, pues la ley lo prohíbe en la primera elección en que deberán participar.

En cuanto a las tres principales fuerzas políticas, se encuentran en una disyuntiva, pues la actual ambiente de crispación los ha sumido en una brutal crisis de credibilidad que les restará votos en donde tienen supremacía.

Por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática, estaría perdiendo la gubernatura de Guerrero dado el escándalo generado por el involucramiento de José Luis Abarca en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En Michoacán la situación no es menos complicada, pero aquí los perredistas preparan lanzas para regresar al gobierno, tras el escándalo y la forma en que salió el priista Fausto Vallejo, al divulgarse un vídeo donde su hijo conversa amenamente con Servando Gómez, La Tuta.

En la capital del país, el perredismo podría verse afectado en las urnas por la serie de pifias en que ha incurrido el delegado en Iztapalapa, Jesús Valencia a raíz del accidente en que se vio envuelto con una vehículo prestado por contratista de la demarcación, lo cual está a punto de llevar a la renuncia del funcionario, quien de todos modos se iba a separar del cargo para buscar una diputación.

Este es a grandes rasgos el panorama político para las fuerzas partidistas en 2015 que pelearán de manera descarnada el poder. Ya lo veremos.

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Senado avala transformar DF en Estado

Joel Saucedo

En 1824 se determinó por primera vez la creación del Distrito Federal, sin que ello implicara facultades de Estado como las demás entidades federativas de la República Mexicana.

Sin embargo, este inicio de semana se dio un paso importante para los habitantes de la ciudad de México, pues el Senado de la República aprobó en comisiones la creación del Distrito Federal como la entidad número 32 del país; quedó pendiente su aval ante el pleno.

Con el voto de todos los partidos políticos, la Cámara Alta apoyó modificar la naturaleza jurídica del Distrito Federal, mediante el cual se le dará autonomía constitucional en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

De acuerdo al dictamen, la entidad capital llevará por nombre “Ciudad de México”, con la facultad al Jefe de Gobierno de proponer a la Asamblea Constituyente el proyecto de Constitución Política.

Además, se cambiará la figura de jefe delegacional por alcalde, con la elección de un consejo de entre diez y catorce integrantes. De esa manera las alcaldías accederán a los recursos federales según la Ley de Coordinación Fiscal.

Habrá dos modelos de asamblea, es decir, la correspondiente a la VII Legislatura y la Asamblea Constituyente, cuya elección se deberá realizar el primer domingo de junio de 2016 e instalarse en 5 de septiembre de ese año, debiéndose aprobar la Constitución a más tardar el 31 de enero de 2017.

El texto faculta al Jefe de Gobierno a nombrar y remover al funcionario que ejerza el mando directo de la fuerza pública, pero se mantiene la facultad del Ejecutivo Federal para remover al servidor público en cuestión por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión.

La reforma política que implica la modificación a 53 preceptos constitucionales, permitirá la elección de los poderes locales a partir de los comicios constitucionales de 2018.

Incluso, se establece que los diputados electos en la VII Legislatura no podrán ser reelectos en las elecciones de 2018. Los que sean votados a partir de éstos comicios, tendrán la oportunidad de ser reelectos hasta en cuatro ocasiones.

El dictamen votado en comisiones la noche del domingo y posteriormente avalado en primera lectura por el pleno ese mismo día, tuvo como base la presentación de 9 iniciativas de las diferentes bancadas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

De última hora, afloraron las discrepancias entre las bancadas del PRI, PAN y PRD en torno a la manera en que deberá elegirse la Asamblea Constituyente y las facultades de se le otorgarán a las demarcaciones políticas.

Lo anterior llevó a que la Cámara de Diputados clausurara sus trabajos sin esperar la minuta del Senado en la materia, por lo que la reforma política de la capital, deberá esperar a ser aprobada en el siguiente periodo que inicia el primero de febrero de 2015.

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¿Qué hacer ante las marchas?

Joel Saucedo

¿Qué hacer ante las constantes movilizaciones que se realizan en la capital del país, pero sobre todo en el primer cuadro de la ciudad?

La respuesta se torna por demás complicada, puesto que el Distrito Federal es más que una caja de resonancia de los problemas que no encuentran solución en su lugar de origen.

La ciudad es la sede de los Poderes de la Unión –El Ejecutivo, con sus secretarías, paraestatales y organismos autónomos; el Senado y la Cámara de Diputados, así como el Poder Judicial-, de los partidos políticos, de las embajadas y de los organismos internacionales.

En consecuencia, quienes exigen solución a sus demandas y protestan en las calles de la ciudad con bloqueos, marchas y mítines, acuden a las diferentes instancias gubernamentales en busca de atención a sus peticiones.

Y mientras más lenta e infructuosa se torna una solución, las protestas permanecen el tiempo necesario, con las implicaciones económicas, políticas y sociales que ello conlleva.

Las autoridades capitalinas con una tradición de izquierda desde 1997, han maniobrado entre la disyuntiva de respetar el derecho a la libre manifestación y el de terceros a transitar con libertad por las arterias muchas veces ocupadas por las protestas citadinas.

A ello se suma el escaso margen de maniobra del gobierno de la ciudad que en un afán de mantenerse fiel a la izquierda, respeta la libre movilización, pero a la vez se muestra impotente para sancionar hechos de violencia a todas luces registrados por los medios de comunicación.

Los intentos de regular las marchas han encontrado el rechazo generalizado de la oposición y de los grupos defensores de los derechos humanos, no así de la derecha que quisiera un Estado autoritario e intolerante, lo cual a estas alturas sería por demás inadmisible.

Sin embargo, ahí están las pérdidas horas-hombre para los cientos de trabajadores que no solo arriban tarde a sus centros laborales, sino que en ocasiones no llegan con los consecuentes descuentos, sin que al patrón tenga consideración alguna por un problema que le ha sido ajeno.

De acuerdo a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, durante este año las empresas han perdido mil 949.5 millones de pesos a consecuencia de 97 movilizaciones.

Tales pérdidas incluyen la caída en ventas, las horas-hombre pagadas pero no ocupadas y daños por vandalismo en bancos, tiendas departamentales, restaurantes, instituciones de seguros y demás establecimientos mercantiles.

Del total de movilizaciones registradas, 23 fueron de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 31 de diferentes organizaciones y 28 por los últimos sucesos de Ayotzinapa y el Instituto Politécnico Nacional, así como 7 de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

Aparentemente por una errónea estrategia para controlar las movilizaciones –que sin duda continuarán-, renunció el jefe de la policía de la ciudad más poblada del país.

¿Quién más renunciará o dejará el cargo? ¿Jesús Rodríguez Almeida es el único responsable? ¿Se manda solo? ¿Acaso, no hay responsabilidad de quienes lo nombraron secretario de Seguridad Pública?

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PRD se refunda o se pulveriza

Joel Saucedo

El PRD se encuentra en la disyuntiva más difícil de su corta existencia, pues ha dejado de ser una oposición real para dejarle el camino libre a Morena, el naciente partido que podría cavar la tumba del perredismo.

Y es que se ha quedado sin figuras emblemáticas. Sólo ha tenido dos candidatos a la Presidencia de la República: Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, 1994 y 2000 y López Obrador en 2006 y 2012. Ambos están fuera de sus filas.

De los diez dirigentes que ha tenido, la mitad están fuera: Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, Rosario Robles y Leonel Cota Montaño; en el caso de la señora Robles, su salida se dio en medio de un escándalo de dimensiones inconmensurables.

Por si eso fuera poco, de sus cinco jefes de gobierno tres ya  no militan en las filas perredistas: Cárdenas, López Obrador y la propia Rosario Robles; los otros dos: Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, casi tienen los dos pies fuera.

Lo paradójico de todo esto, es que el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ni siquiera pertenece a ese instituto político y simpatiza abiertamente con el gobierno federal, a diferencia de todos sus antecesores que sostuvieron férreas discrepancias con el gobernante en turno.

¿Qué piensa hacer el PRD con miras a las elecciones federales de 2015 y en la siguiente elección presidencial de 2018? ¿Dará paso a una urgente refundación o dejará que el Movimiento de Regeneración Nacional le coma al mandado, como todo apunta que ocurrirá?

Además, falta ver quiénes más seguirán el camino de Cárdenas cuando no sean beneficiados con el reparto de candidaturas, como suele suceder cada proceso electoral, pues el esquema tribal sólo ha dejado saldos negativos.

Lejos de admitir su abierta responsabilidad, Jesús Ortega –cabeza de Nueva Izquierda- trasladó la culpa de la crisis que se vive en Guerrero a la federación, cuando fue su corriente la que impulsó a José Luis Abarca como alcalde de Iguala.

Ahora pretende que sea una comisión al interior del Partido de la Revolución Democrática la que investigue y detecte responsabilidades penales en quienes estén involucrados en la postulación de Abarca como candidato y que se proceda ante las autoridades judiciales.

Con esto, Ortega pretende culpar a Miguel Barbosa Huerta, actual presidente del Senado y en esa época coordinador de Nueva Izquierda a nivel nacional y responsable directo de decidir las candidaturas. Pero para nadie es ajeno que el verdadero líder de la corriente es el propio Chucho Ortega.

Al partido amarillo le urge entrar a un proceso de reflexión con miras a una refundación, con nuevos mecanismos de organización y selección de candidatos, manejo de recursos y la forma de hacer política, pues de lo contrario estará en la tesitura de cambiar o quedar pulverizado ante un electorado cada vez más exigente.

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