Joel Saucedo
¿Qué hacer ante las
constantes movilizaciones que se realizan en la capital del país, pero sobre
todo en el primer cuadro de la ciudad?
La respuesta se torna por
demás complicada, puesto que el Distrito Federal es más que una caja de
resonancia de los problemas que no encuentran solución en su lugar de origen.
La ciudad es la sede de los
Poderes de la Unión –El Ejecutivo, con sus secretarías, paraestatales y
organismos autónomos; el Senado y la Cámara de Diputados, así como el Poder
Judicial-, de los partidos políticos, de las embajadas y de los organismos
internacionales.
En consecuencia, quienes
exigen solución a sus demandas y protestan en las calles de la ciudad con
bloqueos, marchas y mítines, acuden a las diferentes instancias gubernamentales
en busca de atención a sus peticiones.
Y mientras más lenta e
infructuosa se torna una solución, las protestas permanecen el tiempo
necesario, con las implicaciones económicas, políticas y sociales que ello
conlleva.
Las autoridades capitalinas
con una tradición de izquierda desde 1997, han maniobrado entre la disyuntiva
de respetar el derecho a la libre manifestación y el de terceros a transitar
con libertad por las arterias muchas veces ocupadas por las protestas
citadinas.
A ello se suma el escaso
margen de maniobra del gobierno de la ciudad que en un afán de mantenerse fiel
a la izquierda, respeta la libre movilización, pero a la vez se muestra
impotente para sancionar hechos de violencia a todas luces registrados por los
medios de comunicación.
Los intentos de regular las
marchas han encontrado el rechazo generalizado de la oposición y de los grupos
defensores de los derechos humanos, no así de la derecha que quisiera un Estado
autoritario e intolerante, lo cual a estas alturas sería por demás inadmisible.
Sin embargo, ahí están las
pérdidas horas-hombre para los cientos de trabajadores que no solo arriban
tarde a sus centros laborales, sino que en ocasiones no llegan con los
consecuentes descuentos, sin que al patrón tenga consideración alguna por un
problema que le ha sido ajeno.
De acuerdo a la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, durante este año las
empresas han perdido mil 949.5 millones de pesos a consecuencia de 97 movilizaciones.
Tales pérdidas incluyen la
caída en ventas, las horas-hombre pagadas pero no ocupadas y daños por
vandalismo en bancos, tiendas departamentales, restaurantes, instituciones de
seguros y demás establecimientos mercantiles.
Del total de movilizaciones
registradas, 23 fueron de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), 31 de diferentes organizaciones y 28 por los últimos sucesos
de Ayotzinapa y el Instituto Politécnico Nacional, así como 7 de organizaciones
no gubernamentales, entre otras.
Aparentemente por una
errónea estrategia para controlar las movilizaciones –que sin duda continuarán-,
renunció el jefe de la policía de la ciudad más poblada del país.
¿Quién más renunciará o
dejará el cargo? ¿Jesús Rodríguez Almeida es el único responsable? ¿Se manda
solo? ¿Acaso, no hay responsabilidad de quienes lo nombraron secretario de
Seguridad Pública?
Twitter: @JoelSaucedo
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