Joel Saucedo
La Procuraduría General de la
República (PGR) dio un paso más en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos
de la Normal de Ayotzinapa al enviar a un penal de alta seguridad en Tepic,
Nayarit, a María de los Ángeles Pineda Villa.
Ataviada con prendas en tono rojo,
y resguardada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la esposa
del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue acusada por los delitos de
delincuencia organizada y lavado de dinero.
La noticia la dio a conocer en
rueda de prensa el director de la citada agencia, Tomás Zerón de Lucio, quien
además informó que el viernes 2 de enero, fueron detenidos 10 policías más por
su presunta participación en la desaparición de los normalistas.
El pasado domingo se venció el
plazo de 80 días de arraigo máximo para la ex primera dama de Iguala, por sus
presuntos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, grupo
delictivo que opera en la región de Tierra Caliente.
Pineda Villa y su esposo José
Luis, fueron detenidos por policías federales en un barrio de Iztapalapa el
pasado 4 de noviembre. Al día siguiente
un juez federal concedió a la PGR un arraigo de 40 días en contra de la mujer,
vencido el término éste fue ampliado 20 días más.
Sidronio Casarrubias, líder de
Guerreros Unidos, fue quien señaló a María de los Ángeles Pineda como principal
operadora de la banda criminal, en complicidad con su esposo José Luis Abarca y
el jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, actualmente prófugo.
Con base en dicha declaración, el
procurador general de la República, Jesús Murillo Káram, citó en reiteradas
ocasiones que el matrimonio Abarca Pineda, ordenó el ataque contra los normalistas, perpetrado por uniformados
municipales de Iguala y Cocula, así como integrantes del grupo delictivo.
Además, Murillo ha mencionado que
Pineda Villa podría tener vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva, pues se
presume que sus hermanos fueron operadores financieros de la entonces poderosa
organización criminal.
En tanto, José Luis Abarca se
encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de
México, donde enfrenta un proceso por los delitos de delincuencia organizada,
secuestro y homicidio.
Con ello, la dependencia busca
disminuir la presión en torno al caso que ha conmovido a la sociedad mexicana
durante las últimas semanas y cuyas movilizaciones disminuyeron con motivo de
las fiestas navideñas y de año nuevo.
Sin embargo, las autoridades
están obligadas a solventar todas las aristas de todos y cada uno de los
estudiantes desaparecidos, puesto que ha sido una exigencia de los familiares y
de la sociedad en general.
Es decir, que la Procuraduría
General de la República deberá investigar hasta sus últimas consecuencias a
todos los actores involucrados, con el fin de deslindar responsabilidades
y satisfacer así las exigencias de justicia de las familias de
los normalistas.
Una presión mayor para alcanzar
ese objetivo, son los tiempos electorales.
Twitter:
@JoelSaucedo
saucedosj@yahoo.com.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario