domingo, 8 de enero de 2012

Zedillo reclama inmunidad, ¿qué hará Calderón?

Joel Saucedo


Este fin de semana el ex presidente de México, Ernesto Zedillo reclamó inmunidad legal a una corte de Estados Unidos en respuesta a la demanda en la que se le acusó de crímenes contra la humanidad por la matanza de 45 personas en Acteal en 1997.

Zedillo –quien gobernó México de 1994 a 2000- pretextó inmunidad por su posición de ex presidente, motivo por el cual negó tener responsabilidad por los hechos registrados en esa comunidad de Chiapas.

A través de sus abogados, el ex mandatario interpuso la moción en la que solicitó se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.

Una decena de sobrevivientes de esa masacre, asesorados por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds Hess, con sede en Miami, acusaron a Zedillo por la presunta estrategia secreta denominada “El Plan de Campaña Chiapas 94”, destinada a aplastar al movimiento zapatista surgido el 1 de enero de 1994.

La demanda señala que el ex Presiente conspiró junto con el ex procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar por ocultar el papel desplegado por el gobierno federal antes y después de la masacre.

Según la acusación, unas 128 personas fueron detenidas en la zona cercana a Acteal. Aparentemente habían encubierto los hechos. En 1997, 34 fueron declarados culpables y sentenciados a 26 años de prisión.

Pero en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de las autoridades, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.

La firma de abogados que representa a los sobrevivientes, sostuvo que el encubrimiento de los sucesos continuó por años después de que Ernesto Zedillo dejó la Presidencia en el 2000.

El hecho es que se trata de una demanda que está lejos de prosperar en un país, donde el ex presidente goza de un alto prestigio por los innumerables cargos que ostenta. Sin embargo, la inmunidad reclamada denota que la acusación ha empezado a quitarle el sueño.

Respecto a la demanda en contra del Presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya por activistas que denunciaron crímenes cometidos por el Ejército y la policía durante la guerra contra las drogas, Los Pinos respondió con una amenaza de acusarlos por difamación.

Hay voces que igualmente argumentan que dicha demanda no prosperará, a pesar de las diferentes cifras que se manejan en los medios de comunicación y que en algunos casos alcanzan los 60 mil muertos desde diciembre de 2006 a la fecha.

El último informe de Human Rights Watch sacudió los cimientos del Estado mexicano, al considerar que de 35 mil homicidios cometidos por el crimen organizado entre diciembre de 2006 y enero de 2011, sólo mil habían sido investigados por las autoridades federales.

Adicionalmente, el organismo defensor de los derechos humanos estableció que solo en una tercera parte de esos casos se ha acusado a los sospechosos y solo 22 por ciento de ellos han sido declarados culpables.

Pero además ante los incontables casos de tortura, asesinatos de inocentes y desapariciones forzadas, han surgido movimientos como el del poeta Javier Sicilia que exigen se aclaren los crímenes cometidos en el presente sexenio.

En el ocaso del actual periodo presidencial, el gobierno ha decidido no hacer públicas las cifras sobre la exorbitante e imparable ola de crímenes. Entonces, la pregunta es ¿qué hará Calderón cuando finalice su mandato? ¿Se quedará a vivir en México? ¿O buscará protección en el vecino país del norte dada su proclividad al designio de los estadounidenses?

El desenlace está a la vuelta de la esquina. Los rumores son cada vez más fuertes de que al dejar la Presidencia en diciembre de este año, Felipe Calderón buscará ocupar un cargo en la ONU, relacionado con el cambio climático y con ello poder radicar en Nueva York.
PUNTO Y SEGUIDO… Quien alista maletas para ocupar un escaño en el Senado de la República, es el secretario de Organización, Educación y Estadística del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Francisco Grajales Palacio, quien es suplente de la senadora del PRI, María Elena Orantes, próxima a solicitar licencia para postularse al gobierno de Chiapas, actualmente en manos del neoperredista, Juan Sabines. El 19 de enero a más tardar se definirá si Orantes López es candidata de la alianza PRD-PT-Movimiento Ciudadano, pues los priistas optaron por el senador del PVEM, Manuel Velasco como su abanderado, quien a su vez cuenta con el respaldo de su compadre Sabines… MARIO DELGADO también se perfila para la Cámara Alta una vez que declinó en sus aspiraciones por la jefatura de gobierno del Distrito Federal a cargo de Marcelo Ebrard. Quien también declinó es el secretario del Trabajo, Benito Mirón Lince. Todo indica que la balanza terminará inclinándose a favor del ahora ex procurador de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien ha ganado adeptos en los últimos días. Este domingo se inscribirá como precandidato. Ya lo hicieron Alejandra Barrales, Martí Batres y Carlos Navarrete… EL MAGISTRADO JUAN ÁNGEL CHÁVEZ RAMÍREZ fue designado como integrante de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Durante una ceremonia del pleno de la Sala Superior, rindió su protesta tras haber sido propuesto por el magistrado presidente Juan Manuel Jiménez Illescas. Chávez Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal del 6 de junio de 2008 al 31 de diciembre de 2010 y, entre otros cargos, ha desempeñado los de magistrado presidente de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral en Durango y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad federativa.

Twitter: @JoelSaucedo
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