Lucha descarnada en 2015

Joel Saucedo

Todos los partidos políticos están en completa ebullición, pues al empezar 2015 habrá desbandadas en cargos públicos y en los diferentes Congresos del país, con el fin de que los políticos busquen un cargo de elección popular.

En el proceso electoral que se vislumbra de pronóstico reservado, habrán de disputarse 2051 puestos, 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales y el resto en presidencias municipales, delegaciones y Congresos locales de 17 entidades, incluida la capital del país.

Al escenario político electoral se sumarán por primera ocasión tres fuerzas políticas: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y Partido Humanista (PH).

De manera particular, Morena se perfila para dar la batalla, sobre todo en el mercado de la izquierda, donde cohabitan el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Morena tiene como máximo líder al oriundo de Macuspana, quien en forma por demás inusual ordenó que se rifaran las candidaturas, sin importar si se cuenta o no con el perfil para desempeñar un cargo de tan elevada envergadura para el servicio público.

Se trata de un partido que dará la pelea, principalmente en el Distrito Federal. De entrada perfila a un político de talla profesional como Ricardo Monreal Ávila para gobernar la delegación Cuauhtémoc y de ahí a la candidatura de la jefatura de gobierno para el 2018.

Los otros dos partidos Encuentro Social y el Humanista, estarían en riesgo perder el registro, pues desde que se les autorizó funcionar como fuerza política, poco o nada han hecho. Su penetración entre la sociedad y los medios de comunicación ha sido casi nula.

Además, las tres organizaciones partidistas tienen la desventaja de que no podrán concretar alianzas, pues la ley lo prohíbe en la primera elección en que deberán participar.

En cuanto a las tres principales fuerzas políticas, se encuentran en una disyuntiva, pues la actual ambiente de crispación los ha sumido en una brutal crisis de credibilidad que les restará votos en donde tienen supremacía.

Por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática, estaría perdiendo la gubernatura de Guerrero dado el escándalo generado por el involucramiento de José Luis Abarca en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En Michoacán la situación no es menos complicada, pero aquí los perredistas preparan lanzas para regresar al gobierno, tras el escándalo y la forma en que salió el priista Fausto Vallejo, al divulgarse un vídeo donde su hijo conversa amenamente con Servando Gómez, La Tuta.

En la capital del país, el perredismo podría verse afectado en las urnas por la serie de pifias en que ha incurrido el delegado en Iztapalapa, Jesús Valencia a raíz del accidente en que se vio envuelto con una vehículo prestado por contratista de la demarcación, lo cual está a punto de llevar a la renuncia del funcionario, quien de todos modos se iba a separar del cargo para buscar una diputación.

Este es a grandes rasgos el panorama político para las fuerzas partidistas en 2015 que pelearán de manera descarnada el poder. Ya lo veremos.

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Senado avala transformar DF en Estado

Joel Saucedo

En 1824 se determinó por primera vez la creación del Distrito Federal, sin que ello implicara facultades de Estado como las demás entidades federativas de la República Mexicana.

Sin embargo, este inicio de semana se dio un paso importante para los habitantes de la ciudad de México, pues el Senado de la República aprobó en comisiones la creación del Distrito Federal como la entidad número 32 del país; quedó pendiente su aval ante el pleno.

Con el voto de todos los partidos políticos, la Cámara Alta apoyó modificar la naturaleza jurídica del Distrito Federal, mediante el cual se le dará autonomía constitucional en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

De acuerdo al dictamen, la entidad capital llevará por nombre “Ciudad de México”, con la facultad al Jefe de Gobierno de proponer a la Asamblea Constituyente el proyecto de Constitución Política.

Además, se cambiará la figura de jefe delegacional por alcalde, con la elección de un consejo de entre diez y catorce integrantes. De esa manera las alcaldías accederán a los recursos federales según la Ley de Coordinación Fiscal.

Habrá dos modelos de asamblea, es decir, la correspondiente a la VII Legislatura y la Asamblea Constituyente, cuya elección se deberá realizar el primer domingo de junio de 2016 e instalarse en 5 de septiembre de ese año, debiéndose aprobar la Constitución a más tardar el 31 de enero de 2017.

El texto faculta al Jefe de Gobierno a nombrar y remover al funcionario que ejerza el mando directo de la fuerza pública, pero se mantiene la facultad del Ejecutivo Federal para remover al servidor público en cuestión por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión.

La reforma política que implica la modificación a 53 preceptos constitucionales, permitirá la elección de los poderes locales a partir de los comicios constitucionales de 2018.

Incluso, se establece que los diputados electos en la VII Legislatura no podrán ser reelectos en las elecciones de 2018. Los que sean votados a partir de éstos comicios, tendrán la oportunidad de ser reelectos hasta en cuatro ocasiones.

El dictamen votado en comisiones la noche del domingo y posteriormente avalado en primera lectura por el pleno ese mismo día, tuvo como base la presentación de 9 iniciativas de las diferentes bancadas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

De última hora, afloraron las discrepancias entre las bancadas del PRI, PAN y PRD en torno a la manera en que deberá elegirse la Asamblea Constituyente y las facultades de se le otorgarán a las demarcaciones políticas.

Lo anterior llevó a que la Cámara de Diputados clausurara sus trabajos sin esperar la minuta del Senado en la materia, por lo que la reforma política de la capital, deberá esperar a ser aprobada en el siguiente periodo que inicia el primero de febrero de 2015.

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¿Qué hacer ante las marchas?

Joel Saucedo

¿Qué hacer ante las constantes movilizaciones que se realizan en la capital del país, pero sobre todo en el primer cuadro de la ciudad?

La respuesta se torna por demás complicada, puesto que el Distrito Federal es más que una caja de resonancia de los problemas que no encuentran solución en su lugar de origen.

La ciudad es la sede de los Poderes de la Unión –El Ejecutivo, con sus secretarías, paraestatales y organismos autónomos; el Senado y la Cámara de Diputados, así como el Poder Judicial-, de los partidos políticos, de las embajadas y de los organismos internacionales.

En consecuencia, quienes exigen solución a sus demandas y protestan en las calles de la ciudad con bloqueos, marchas y mítines, acuden a las diferentes instancias gubernamentales en busca de atención a sus peticiones.

Y mientras más lenta e infructuosa se torna una solución, las protestas permanecen el tiempo necesario, con las implicaciones económicas, políticas y sociales que ello conlleva.

Las autoridades capitalinas con una tradición de izquierda desde 1997, han maniobrado entre la disyuntiva de respetar el derecho a la libre manifestación y el de terceros a transitar con libertad por las arterias muchas veces ocupadas por las protestas citadinas.

A ello se suma el escaso margen de maniobra del gobierno de la ciudad que en un afán de mantenerse fiel a la izquierda, respeta la libre movilización, pero a la vez se muestra impotente para sancionar hechos de violencia a todas luces registrados por los medios de comunicación.

Los intentos de regular las marchas han encontrado el rechazo generalizado de la oposición y de los grupos defensores de los derechos humanos, no así de la derecha que quisiera un Estado autoritario e intolerante, lo cual a estas alturas sería por demás inadmisible.

Sin embargo, ahí están las pérdidas horas-hombre para los cientos de trabajadores que no solo arriban tarde a sus centros laborales, sino que en ocasiones no llegan con los consecuentes descuentos, sin que al patrón tenga consideración alguna por un problema que le ha sido ajeno.

De acuerdo a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, durante este año las empresas han perdido mil 949.5 millones de pesos a consecuencia de 97 movilizaciones.

Tales pérdidas incluyen la caída en ventas, las horas-hombre pagadas pero no ocupadas y daños por vandalismo en bancos, tiendas departamentales, restaurantes, instituciones de seguros y demás establecimientos mercantiles.

Del total de movilizaciones registradas, 23 fueron de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 31 de diferentes organizaciones y 28 por los últimos sucesos de Ayotzinapa y el Instituto Politécnico Nacional, así como 7 de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

Aparentemente por una errónea estrategia para controlar las movilizaciones –que sin duda continuarán-, renunció el jefe de la policía de la ciudad más poblada del país.

¿Quién más renunciará o dejará el cargo? ¿Jesús Rodríguez Almeida es el único responsable? ¿Se manda solo? ¿Acaso, no hay responsabilidad de quienes lo nombraron secretario de Seguridad Pública?

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PRD se refunda o se pulveriza

Joel Saucedo

El PRD se encuentra en la disyuntiva más difícil de su corta existencia, pues ha dejado de ser una oposición real para dejarle el camino libre a Morena, el naciente partido que podría cavar la tumba del perredismo.

Y es que se ha quedado sin figuras emblemáticas. Sólo ha tenido dos candidatos a la Presidencia de la República: Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, 1994 y 2000 y López Obrador en 2006 y 2012. Ambos están fuera de sus filas.

De los diez dirigentes que ha tenido, la mitad están fuera: Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, Rosario Robles y Leonel Cota Montaño; en el caso de la señora Robles, su salida se dio en medio de un escándalo de dimensiones inconmensurables.

Por si eso fuera poco, de sus cinco jefes de gobierno tres ya  no militan en las filas perredistas: Cárdenas, López Obrador y la propia Rosario Robles; los otros dos: Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, casi tienen los dos pies fuera.

Lo paradójico de todo esto, es que el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ni siquiera pertenece a ese instituto político y simpatiza abiertamente con el gobierno federal, a diferencia de todos sus antecesores que sostuvieron férreas discrepancias con el gobernante en turno.

¿Qué piensa hacer el PRD con miras a las elecciones federales de 2015 y en la siguiente elección presidencial de 2018? ¿Dará paso a una urgente refundación o dejará que el Movimiento de Regeneración Nacional le coma al mandado, como todo apunta que ocurrirá?

Además, falta ver quiénes más seguirán el camino de Cárdenas cuando no sean beneficiados con el reparto de candidaturas, como suele suceder cada proceso electoral, pues el esquema tribal sólo ha dejado saldos negativos.

Lejos de admitir su abierta responsabilidad, Jesús Ortega –cabeza de Nueva Izquierda- trasladó la culpa de la crisis que se vive en Guerrero a la federación, cuando fue su corriente la que impulsó a José Luis Abarca como alcalde de Iguala.

Ahora pretende que sea una comisión al interior del Partido de la Revolución Democrática la que investigue y detecte responsabilidades penales en quienes estén involucrados en la postulación de Abarca como candidato y que se proceda ante las autoridades judiciales.

Con esto, Ortega pretende culpar a Miguel Barbosa Huerta, actual presidente del Senado y en esa época coordinador de Nueva Izquierda a nivel nacional y responsable directo de decidir las candidaturas. Pero para nadie es ajeno que el verdadero líder de la corriente es el propio Chucho Ortega.

Al partido amarillo le urge entrar a un proceso de reflexión con miras a una refundación, con nuevos mecanismos de organización y selección de candidatos, manejo de recursos y la forma de hacer política, pues de lo contrario estará en la tesitura de cambiar o quedar pulverizado ante un electorado cada vez más exigente.

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Prueba de "fuego" para partidos políticos

Joel Saucedo

La prueba de fuego para los partidos políticos en el actual proceso electoral es por demás descomunal, pues tienen el reto de convencer a más de 122 millones de habitantes o un padrón electoral de poco más de 85 millones de votantes.

Hay varias interrogantes en torno a qué le van a ofrecer a los mexicanos las diez fuerzas políticas con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y cuyas autoridades en todo el país tendrán recursos por 37 mil  millones de pesos, de los cuales 19 mil son para el INE.

Para el proceso electoral que inició el pasado 7 de octubre se llevarán a cabo 18 elecciones locales, donde se elegirán 9 gobernadores, 903 presidentes municipales y 639 diputados locales, que iniciarán sus campañas respectivas el 5 de abril de 2015.

¿Pero acaso, están dadas las condiciones para que haya un proceso electoral terso y que le permita a los partidos políticos acudir a pedir el voto ofreciendo dádivas pese al hartazgo social que invade lo ancho y largo del territorio nacional?

¿Además, qué han hecho los partidos políticos en la actual situación de crispación social derivada de la desaparición de los 45 normalistas de Ayotzinapan? ¿En qué le han ayudado al gobierno a salir del actual atolladero?

¿Acaso las fuerzas políticas no están en una burbuja pensando en cómo hacerse del poder, sin antes contribuir a atender los problemas más urgentes de seguridad pública, pobreza, desempleo y educación?

No hay que ir tan lejos. En Guerrero, el senador Armando Ríos Piter, está más interesado en hacerse de la candidatura del PRD a la gubernatura, antes que ayudar a que la entidad recobre la normalidad política tras la crisis en que los sumió el ex alcalde José Luis Abarca postulado por su propio partido.

¿Con que cara acudirá a pedir el voto de los guerrerenses, en particular a los habitantes de Iguala? ¿La dirigencia perredista optará por el joven senador como su candidato? ¿No es mejor buscar un aspirante ciudadano desligado del partido del sol azteca, pero sobre todo de la clase política?

Interrogante similar se le puede hacer a los demás partidos políticos, pues la ciudadanía está cansada de falsas promesas y peores acciones cuando se llega al poder, pues de plano se olvidan del electorado y hasta con la punta del pie lo tratan.

¿Los partidos creerán que es factible ganar una elección en las actuales condiciones y sin que haya nada que se les interponga? Quienes lo piensen así, están equivocados, pues las cosas han  cambiado y el votante ha tomado clara conciencia de por quién sufragar.

No hay que olvidar que los priistas perdieron el poder en el 2000, doce años después lo recuperaron. El PAN extravió la brújula a partir de 2012 y el PRD ha ido perdiendo bastiones como Michoacán y como van las cosas, le sucederá lo mismo en Guerrero.

Así es que los partidos políticos enfrentarán más que una prueba de fuego, pues 2015 no será en nada un lecho de rosas. La única opción que tienen es presentar candidatos ciudadanos o desligados del desprestigio que acarrea militar en un partido.

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El PRD en riesgo de descarrilar en 2015

Joel Saucedo

Por si algo le faltara al Partido de la Revolución Democrática en la cadena de desatinos, críticas y errores a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, su histórico líder Cuauhtémoc Cárdenas solicitó la renuncia de Carlos Navarrete y el Comité Ejecutivo Nacional.

No solo eso, sino que el dirigente de oposición demandó la desaparición del esquema de corrientes o tribus, mediante la creación de nuevos estatutos y la renovación de los órganos nacionales, estatales y municipales de dirección.

De acuerdo a Cárdenas su partido está en un grave momento de postración y agotamiento; a punto de disolverse o quedar como una simple franquicia político electoral.

Además dijo que el instituto político y su dirigencia carecen de autoridad moral, pues persiste la imposición de prácticas sectarias y clientelares; hay corrupción y contradicciones; alianzas equívocas, así como años de desviación y claudicaciones.

Lo anterior, es la parte medular de la misiva enviada a Navarrete, donde el mítico líder aclara que en caso de la renovación de la dirigencia, él se descarta para participar en algún cuerpo de dirección o posición directiva.

Este lunes, el propio Carlos Navarrete respondió a Cárdenas en cuanto a que sea el Consejo Nacional perredista el que decida en torno a la propuesta de su renuncia en una próxima reunión a celebrarse el 29 del presente mes.

Sin embargo,  el propio presidente del Senado y ex chucho de hueso colorado, Miguel Barbosa vaticinó la permanencia de Navarrete y de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

¿De ello está consciente Cárdenas? ¿Sabe de antemano que su propuesta topará con pared? ¿Cuál es entonces la razón de exigir la renuncia de la dirigencia en pleno de su partido? ¿Qué sucederá entonces al interior del partido del sol azteca?

En una eventual renuncia ¿quién quedaría al frente del impopular partido? ¿Habrá quien cuente con la autoridad moral para aglutinar a todas las corrientes, puesto que el propio Cárdenas se ha descartado? ¿Y cómo será el reparto de las carteras? ¿Por tribu? ¿Será algo así como quítate tú para ponerme yo?

¿Es solo una propuesta de Cárdenas o alguien más está detrás de ella? ¿De no concretarse su exigencia, Cárdenas renunciará al PRD? Son demasiadas interrogantes que merecen una respuesta ya, porque el 2015 es un tren en marcha que podría descarrilar al joven partido de apenas 25 años.

***De las pocas voces que han salido en defensa del presidente Enrique Peña Nieto ante las constantes críticas, se encuentra la del subsecretario de Agricultura, Ricardo Aguilar Castillo, quien aseguró que el gobierno federal tiene rumbo y no se detiene ante las adversidades; no se achica ni se paraliza ante los problemas por muy graves que estos sean. Aguilar Castillo hizo la defensa en representación del Ejecutivo Federal durante la inauguración de la Refinería de Aceite de Palma Africana en Coatzacoalcos, Veracruz.

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Aumenta la crispación

Joel Saucedo

La crispación social está llegando a niveles nunca vistos derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Movilizaciones y protestas se registran todos los días, así como constantes reclamos a la clase política.

Tan solo este lunes en Xalapa, Veracruz, el senador del PRD, Alejandro Encina fue agredido física y verbalmente por integrantes del Frente Popular Revolucionario. “Asesino”, le gritaron.

El pasado 8 de octubre, el líder histórico perredista, Cuauhtémoc Cárdenas, fue abucheado y agredido durante la marcha para exigir la aparición de los normalistas. Adolfo Gilly, quien lo acompañaba, fue descalabrado.

"Asesino, asesino, cobarde y traidor”, le decían a Cárdenas mientras le lanzaban envases de agua y refresco, así como diversos objetos. Por primera ocasión en una movilización, estuvo en riesgo la integridad física del ingeniero.

La semana pasada, en Ciudad Universitaria, el exdirigente del PRD, Jesús Zambrano, también fue insultado con gritos de “asesino” cuando participaba en un foro organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. El perredista tuvo que abandonar el lugar en medio de una lluvia de reclamos.

Esos hechos no son poca cosa, sobre todo si se trata de espacios que le eran naturales a los perredistas. El costo de haber postulado como alcalde de Iguala a un personaje ligado al crimen organizado, lo están pagando más caro de lo que se imaginan.

La situación llegó al extremo el fin de semana, cuando un grupo de anarquistas buscó quemar la puerta principal de Palacio Nacional. Hubo 18 detenidos por los disturbios, mismos que fueron liberados la mañana de ayer algunos bajo caución.

Este lunes un grupo de apoyo a los normalistas se enfrentó a la policía de Acapulco, cuando se dirigían al aeropuerto, que mantuvieron bloqueado por espacio de tres horas. El saldo fue de 19 uniformados heridos. Del lado de los manifestantes no hubo detenidos.

Por ello, no se debe descartar la propuesta de firmar un acuerdo por la seguridad, que permita a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a las distintas fuerzas políticas, cerrar filas en contra del crimen organizado y sus fuentes de financiamiento.

Es decir, el acuerdo debe incluir el propósito de combatir la corrupción y la impunidad en todos los niveles, además de abatir la violencia que se ha vuelto cotidiana y como si ésta fuera normal.

Se trata pues de arrebatarle a la delincuencia la tranquilidad que le ha sido hurtada a la sociedad, de devolverle al ciudadano común y corriente la seguridad de poder caminar en sus calles sin temor alguno y de darle certeza jurídica a quienes tienen seres queridos en calidad de desaparecidos.

Ahí están las manifestaciones en favor de concretar un nuevo o gran acuerdo para fortalecer las instituciones del Estado desde las distintas trincheras y con el apoyo de la sociedad civil para ponerle freno al incremento de la crispación.

PUNTO Y SEGUIDO… En el Estado de México se vive un fuerte forcejeo y negociación ante la inminente designación de candidatos a las alcaldías, y en el que Toluca es un punto de discordia de todos los partidos donde el PRI puede llevarse el mayor descalabro si no cuida factores fundamentales como la unidad, limpia treyectoria de sus candidatos, proyecto político y visión de futuro municipal…De acuerdo con lo que se ve, se dice y se siente, el tricolor se está poniendo contra la pared ante el impulso que la alcaldesa Martha Hilda González le da a Alberto Curi, un ex secretario de educación estatal con poco brillo, como su posible sucesor…El propio Presidente Peña Nieto debe poner atención a lo que ocurre en el subterráneo del tricolor porque no sería aceptable una derrota en un terreno totalmente familiar que debiera estar en su debido orden…El ejecutivo sabe que Toluca es la capital del priísimo en todo el país por lo que el candidato que llegue a la alcaldía mexiquense tendría que ser fiel a la imagen que se busca proyectar en el resto de las entidades y municipios que saldrán a las urnas el próximo 7 de junio…En caso contrario, de relajar la atención en la persona que guiará las riendas de Toluca, el resultado para el gobierno de Peña Nieto se traduciría en la pérdida de un importante bastión del tricolor… De ahí el llamado que se hace a que juntos y en unidad, el PRI mantendrá en sus manos al municipio, por lo que Curi no representa la mejor carta a jugar pues no comulga con este principio de unidad que demanda el partido.

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Mèxico, ¿Estado fallido?

Joel Saucedo

Los sucesos de violencia, narcotráfico, crimen organizado, desapariciones, torturas, secuestros, asaltos, contrabando, trata de personas, corrupción y cobro de derecho de piso, son hechos que de manera cotidiana se han convertido en el paisaje mediático de México.

Conforme ocurre un suceso como los mencionados, al día siguiente es superado por otro de dantescas proporciones, sin que ello sorprenda mucho más que el anterior y así de manera sucesiva. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Se ha perdido la capacidad de asombro.

El artículo 21 de la Constitución Política señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de éste en el ejercicio de su función.

La coordinación de los tres órdenes de gobierno, también es un mandato previsto en el octavo párrafo de dicho precepto: “El Ministerio Público y las instituciones policiacas de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Por su parte, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que “el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”.

Sin embargo, ¿eso se cumple? ¿Hay coordinación entre los tres niveles de gobierno? ¿El Estado es tal y responde a las obligaciones que le impone la Constitución? ¿La federación, los estados y los municipios, siguen al pie de la letra la ley para prevenir y combatir la inseguridad? Ahí está el resultado en todo el país convertido en cementerio.

¿Quién financia a los grupos del crimen organizado capaces de enfrentarse por horas y sin temor a las fuerzas armadas? ¿Quién protege, solapa, tolera y permite esa rampante impunidad? ¿Por qué se permite esa simbiosis entre policías y mafiosos? ¿Acaso el Estado se ha extraviado?

El caso Iguala y los 43 estudiantes desaparecidos ilustran claramente esa asociación delictuosa, ante la mirada indiferente y tolerante de los tres niveles de gobierno. Se trata pues de una ineficaz conducción y errada política en materia de seguridad pública a la luz de una mediana y pulcra interpretación del artículo 21 constitucional y su citada ley reglamentaria.

Así, el gobierno se ha mostrado incapaz de coordinar la estrategia en contra de la inseguridad, lo cual no es discrecional sino un imperativo; el Estado debe actuar en favor del ciudadano que no solo requiere sino exige una sana convivencia y un buen orden público, pues de lo contrario estaremos ante un Estado fallido.

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¿Gobernador, ex guerrillero?

Joel Saucedo 

El recién nombrado gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez tiene un reto colosal para entregarle buenas cuentas a la ciudadanía en su corto periodo de gobierno.

El ahora ex rector de la máxima casa de estudios de la entidad, enfrenta la responsabilidad de encontrar con vida a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapan.

Sin embargo, también está en la obligación de responder a la sociedad en general,  sobre las acusaciones que el 18 de marzo de 2009 realizó  en su contra el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez.

En esa fecha, el activista dijo que Ortega Martínez fungió como enlace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde el 2012. Aseguró que contaba con las pruebas documentales para comprobar dicha colaboración con el grupo armado.

Según la información divulgada por el diario El Universal, Ortega Martínez –alto funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero-, pidió a los representantes de las FARC en México un préstamo de 40 mil dólares en 2002, comprometiéndose a devolver 100 mil “con la garantía de que un grupo armado, del cual formaba parte el perredista, estaba por recibir el pago del rescate de una persona secuestrada”.

Adicionalmente, Ortega Martínez ofreció a la guerrilla colombiana el acceso a las arcas universitarias en caso de convertirse en rector de la UAG, puesto que en ese año participó en las elecciones, pero las perdió por escaso margen de votos.

De acuerdo al mismo diario, los señalamientos hacia el político guerrerense se formularon durante la ampliación de la denuncia que presentó el consejo en contra de Lucía Morett, la estudiante mexicana que sobrevivió a un ataque del ejército colombiano contra un campamento de las FARC en Ecuador.

Además, el presidente del citado organismo dijo que a principios de los 80, Rogelio Ortega formó parte de la dirigencia de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, movimiento armado fundado por Genaro Vázquez Rojas en 1972.

Este lunes, el nuevo mandatario se reunió en Los Pinos con el Presidente Enrique Peña Nieto, donde trazaron la ruta a seguir para devolver la estabilidad a la entidad, puesto que no se puede hacer justicia a partir de la ilegalidad.

Durante la reunión del martes del gabinete de seguridad en Guerrero con Rogelio Ortega Martínez, quedó en claro que la autoridad federal solo esperaba la salida de Ángel Heladio Aguirre Rivero para desplegar a las fuerzas armadas como sucedió en Michoacán y Tamaulipas.

Pero no estaría mal conocer una explicación del gobernador en torno a su pasado guerrillero. ¿Y cuál será el papel que jugará en contra de los grupos armados que operan en la entidad al margen de la ley?

Ello, independientemente de la obligación y la promesa empeñada de encontrar a los 43 normalistas desaparecidos; recomponer el tejido social, combatir la impunidad y despojar a su corto gobierno de cualquier tufo partidista, pues de lo contrario sólo tendrá asegurado su propio naufragio.

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Los damnificados políticos de Guerrero

Joel Saucedo

A pesar de su resistencia de dejar el cargo, el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero es un cadáver político para el Partido de la Revolución Democrática; ya no es funcional y difícilmente le ayudará a ganar las elecciones del próximo mes de junio.

De entrada, a Aguirre poco le importaron las recomendaciones de vigilar al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora prófugo de la justicia por la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

Aguirre estaba enterado de los malos pasos de Abarca y lo dejó escapar. Además tardó tres semanas en reaccionar para cesar al secretario de Salud, Lázaro Mazón, quien le recomendó a Abarca como un empresario exitoso, pero le ocultó sus vínculos con el crimen organizado.

El pasado 8 de junio, en Acapulco, López Obrador destapó a Mazón como candidato al gobierno de la entidad por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a pesar de que éste no contaba aún con registro formal.

La revista Proceso de esta semana cuestionó en un reportaje el “explicable silencio” del tabasqueño, quien más rápido que tarde arremetió en contra del semanario calificando la información como de “mala leche”. Pero ni una palabra emitió en contra de la mafia perredista de Iguala que sumió en su peor crisis al estado.

Hasta aquí van tres los damnificados políticos por el caso Iguala: Aguirre, Abarca y Mazón. Pero hay que sumar las frustradas aspiraciones de la ex directora del DIF municipal, María de la Luz Ángeles Pineda, pues pretendía suceder en el cargo a su esposo José Luis Abarca.

Al actual senador del partido del sol azteca, Armando Ríos Piter, se la está complicando obtener la candidatura de su partido al gobierno de Guerrero, pero en caso de conseguirla, difícilmente llevaría al triunfo al perredismo, pues la oposición explotaría al máximo las fotografías en donde aparece con Abarca en un mitin político.

Otro de los que tiene en sus aspiraciones a la alcaldía de Acapulco, es el hijo del gobernador perredista, conocido como “Angelito” Aguirre. Sin embargo, todo apunta a que dejará el camino libre a otro junior, hijo del ex gobernador Rubén Figueroa, enemigo político de Aguirre y quien busca ser candidato del PRI.

Como se observan las cosas, la izquierda tendrá una elección muy complicada para el próximo año. Solo un milagro los salvará de perder el gobierno del estado y las presidencias municipales donde solaparon la filtración de la delincuencia, sobre todo en los cuerpos policiacos.

La permanencia de Aguirre en el cargo sólo servirá para administrar la crisis de la izquierda. ¿O acaso, estará pensando en regresar a las filas del tricolor?, porque su posición no es otra que la de permitirle al PRI recobrar el control de la entidad sin mayor problema en 2015.

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Inminente la salida de Aguirre

Joel Saucedo

La salida de Ángel Heladio Aguirre Rivero de la gubernatura de Guerrero, no solo es necesaria sino urgente, pues la ingobernabilidad en la entidad se agravó este lunes con la quema de las oficinas de Palacio de Gobierno en la capital Chilpancingo.

Las protestas de los normalistas de Ayotzinapan, apoyados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero constató la falta de control de Aguirre sobre las debilitadas instituciones estatales.

Sin embargo, durante la reunión de más de seis horas de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, donde se analizó la situación del estado, no se tomó la decisión de solicitarle al mandatario renunciar al cargo.

Esto habla de la necedad de la izquierda de mantener a toda costa como gobernador a quien no le ha dado gobernabilidad a la convulsionada entidad, azotada por los excesos del crimen organizado coludido con el servicio público y que derivaron en la desaparición de 43 normalistas.

¿Por qué debe irse el gobernador? Son muchas las respuestas. En primer lugar para distender el ambiente de crispación, enojo, inconformidad, impotencia y desesperación de los familiares de los estudiantes muertos y desaparecidos, así como de la sociedad en general.

Tal vez, la renuncia de Aguirre no resuelva de facto la actual situación, pero al menos enviará un mensaje de que la izquierda está en la mejor disposición de contribuir a encontrarle solución a tan difícil problema.

La dirigencia nacional que encabeza Carlos Navarrete debe dar el primer paso y valorar en qué momento Ángel Heladio tiene que solicitar licencia al Congreso, tal y como Jesús Zambrano se lo pidió al desaparecido alcalde con licencia José Luis Abarca.

En tanto, la dirigencia del Partido Acción Nacional, también debe discutir la pertinencia de solicitar a sus senadores que pidan la desaparición de poderes en la entidad que está en total descontrol.

Hay que recordar que en la recta final de la campaña por la gubernatura en 2011, el candidato de Acción Nacional, Marcos Parra declinó en favor de Aguirre Rivero, quien fue postulado por la izquierda encabezada por el PRD, después de que el PRI no lo escogió como su candidato.

Es por ello que en un acto de congruencia, tanto Acción Nacional como el partido del sol azteca, están obligados a plantearle al mandatario la urgencia de que contribuya a devolverle la estabilidad al estado.

¿Acaso la izquierda desea dejar en el imaginario colectivo que para acceder al poder requiere de la colusión con el crimen organizado? Solo se deslindaron del alcalde con licencia pidiendo su desafuero. ¿Pero acaso no hay versiones de que Abarca financió la campaña de Aguirre para la gubernatura?

Al defender la permanencia del mandatario en el cargo, la izquierda solo está mandando el mensaje de que no sólo reprime a los estudiantes, sino que los desaparece y los asesina, cuando sus principios siempre han sido de defensa hacia ese sector.

La situación está escalando a niveles nunca imaginados, pues la barbarie cometida por los policías en contra de los estudiantes, es una herida que difícilmente cicatrizará. El electorado (y se espera que la justicia) les cobrará la factura más pronto que tarde.

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Crispado proceso electoral 2015

Joel Saucedo

Este martes 7 de octubre arranca formalmente le proceso electoral 2014-2015, en medio de un ambiente de crispación y una movilización estudiantil politécnica, hasta el momento sofocada por una hábil maniobra del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

Durante esta etapa habrá elecciones en 16 entidades del país y en el Distrito Federal. Se renovarán 9 gubernaturas, 16 congresos locales, 887 alcaldías, la Asamblea Legislativa y 16 delegaciones. Adicionalmente, habrá comicios locales por usos y costumbre en Oaxaca.

A nivel federal, se renovarán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, de los cuales 300 son por mayoría simple y 200 por el principio de representación proporcional.

Las votaciones para el próximo año se adelantarán un mes, es decir, en lugar de celebrarse el primer domingo de julio, serán el 7 de junio, así lo establecen las nuevas disposiciones legales.

A partir de esta fecha se incrementarán los anuncios y renuncias de quienes aspiren a un cargo de elección popular, tanto en el ámbito legislativo como el gubernamental. Esto necesariamente, llevará a reacomodos en los gabinetes de los  diferentes niveles de gobierno.

Sin embargo, no se descartan ataques, contra ataques, acusaciones, denuncias, exhibición de videos, filtración de llamadas telefónicas o conversaciones, con el fin de debilitar el contrincante, cuando éste supere a su oponente por tal o cual cargo.

El proceso arranca en un ambiente de crispación en diferentes entidades de la República de manera particular en Guerrero, donde el pasado 26 de septiembre policías municipales coludidos con el crimen organizado asesinaron a 3 estudiantes y secuestraron a 43 normalistas de Ayotzinapan. Las autoridades aún no confirman que los 28 cuerpos calcinados encontrados en seis tumbas clandestinas, sean los de los estudiantes.

Dos días después, fue asesinado de tres disparos en la espalda el secretario general del PAN en Guerrero, Braulio Zaragoza. La muerte del panista causó indignación, sobre todo en las filas de Acción Nacional, lo cual obligó a la bancada de ese partido en el Senado a trasladarse a Acapulco a mostrar su inconformidad.

Un escándalo internacional causó la muerte de 22 personas a manos de las fuerzas castrenses en la comunidad de Tlatlaya. La Procuraduría General de la República anunció que investigará los hechos. Los sucesos ocurrieron el pasado primero de julio, fecha en que se dijo que se trataba de secuestradores.

El pasado 23 de septiembre, fue secuestrado y posteriormente quemado el diputado federal priista de Jalisco, Gabriel Gómez Michel y su asistente Heriberto Núñez. A Todas luces quedó el descubierto de que se trató de un crimen de la delincuencia organizada.

Y recientemente, el primero de octubre, durante la detención de “El H”, Héctor Beltrán Leyva, también fue capturado su operador financiero Germán Goyeneche Ortega, militante del Partido Verde Ecologista de México.

Es en este ambiente en el que inicia el proceso electoral 2015, el cual cambiará el panorama político del país y configurará un nuevo escenario para la elección presidencial del 2018. En pleno, la disputa por el poder.

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Madero solicita licencia como dirigente

Joel Saucedo

Es inminente la petición de licencia que hará ante la Comisión Permanente de su partido, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, con el propósito de contender por una diputación federal.

Se prevé que Madero haga el anuncio hoy y a unos días de que la ex primera dama Margarita Zavala, también hizo pública su decisión de postularse para una diputación en el recinto parlamentario de San Lázaro.

Zavala es una mujer con experiencia parlamentaria probada. Además, en su momento, el propio Felipe Calderón destacó las virtudes y capacidades de su esposa, con miras a poder contender por la presidencia de la República en 2018.

Por lo visto, el anuncio de Margarita aceleró la decisión de Madero para estar en la posibilidad de hacer los amarres que le permitan a su grupo trascender y conservar la fracción parlamentaria de la siguiente legislatura, cuya plataforma sería ideal para competir electoralmente rumbo a esa fecha.

Como se observa, desde ahorita se están moviendo las piezas en Acción Nacional con miras en primer término al proceso electoral del 2015 –que empieza el 7 de octubre-, pero con un claro objetivo hacia el 2018.

No es para menos. El Partido Acción Nacional está disminuido. Tras la derrota del 2012, se sumió en la depresión. Los escándalos en que se han visto envueltos sus integrantes, ha cavado más hondo la fosa en la que se encuentra.

Este martes la dirigencia en pleno del blanquiazul  se trasladará a Guerrero, con motivo del asesinato del secretario general de Acción Nacional en la entidad, Braulio Zaragoza Maganda. Madero alzó la voz al condenar el artero crimen y exigir a las autoridades su esclarecimiento inmediato.

De antemano, la bancada panista en el Senado –secundada por el PT- que comanda Jorge Luis Preciado, había anunciado que no asistiría al “Seminario Encuentro por la Federación y Unidad Nacional”, en donde estaba prevista la asistencia del Presidente Enrique Peña Nieto. Por la tarde se hizo oficial la cancelación de la visita del Ejecutivo Federal.

En el lugar de Gustavo Madero, quedará el secretario general, Ricardo Anaya, quien tendrá a su cargo la conducción de la dirigencia durante el proceso electoral, que se antoja de pronósticos reservados, pues al menos para el panismo no se vislumbra un escenario nada terso, sino todo lo contrario.

Después del proceso electoral del siguiente año, Acción Nacional deberá renovar su dirigencia en noviembre. En primera fila se ubica el propio Ricardo Anaya, le sigue Jorge Luis Preciado (ambos maderistas) y Roberto Gil, quien compitió contra Madero con el aval del entonces presidente Calderón.

Pero como están las cosas, cualquiera de los dos primeros tiene la posibilidad de quedarse con la dirigencia, pues el maderismo detenta el control de la estructura partidaria. No es el caso del joven Roberto Gil, quien sabe de sus nulas posibilidades. Pero no hay más aspirantes por el momento. Y alguien tiene que dar la cara por ese derrotado sector del panismo.

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